domingo, 13 de abril de 2008

LA DECADENCIA DEL PROFESIONAL DEL DERECHO

POR: JAVIER E.CALDERÓN BELTRÁN
ABOGADO

En mayo del 2007, reunida la Junta de Decanos de los Colegios de Abogados del Perú, instaron a la Asamblea de Rectores y al propio Congreso de la República, a fin de que se prohíba la creación de filiales a las Universidades de nuestro País; filiales que operan en ciudades ubicadas fuera del ámbito territorial donde se ubica la sede principal de estas universidades. En efecto, las máximas autoridades de los gremios que reúnen a los profesionales del derecho firmaron la declaración de Lima 2007, sin embargo, estas buenas intenciones no lograron concretizarse.

Desde hace ya buen tiempo, muchas opiniones autorizadas, han alzado su voz de protesta condenando la excesiva proliferación de abogados en el mercado profesional, el tema algo adormitado en los últimos meses, ha retomado fuerza a raíz de las últimas disposiciones adoptadas por el Gobierno respecto de las Facultades de Educación.

Uno de los primeros en expresar opinión fue Yehude Simon Murano, Coordinador de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, quién saludo las decisiones del Poder Ejecutivo y bosquejó que dicha medida también debería extenderse a las Facultades de Derecho y de Contabilidad de nuestro País, entre sus argumentos menciona que las universidades deben formar profesionales en la medida que el País requiera. Complementando el comentario de Murano, me parece indispensable que nos hagamos las siguientes interrogantes: ¿Realmente necesita el Perú más Abogados? o ¿Deben las universidades fomentar otros campos de conocimiento científico?

El Dr. Walter Gutiérrez Camacho, Decano del Colegio de Abogados de Lima, calificó de “estafa” a la Educación Universitaria, este letrado consideró como medida necesaria que el Ejecutivo tomé el control de las Facultades de Derecho del País, tal y como sucedió con las Facultades de Educación, a fin de evitar la proliferación de malos abogados. Estas son sus palabras textuales extraídas del diario el Comercio: “Esto no debe ser sólo para los profesores sino para todas las especialidades. En el caso de derecho, quiero decir que los abogados somos los que activamos el sistema de administración de justicia y el sistema legal”. La máxima autoridad del Colegio de Abogados Limeño considera también que debe ejercerse algún tipo de control tanto a los estudiantes como a los que ejercen la profesión de derecho, es decir, que el Estado evalúe periódicamente el desempeño profesional en la abogacía, idea que también comparte el Dr. David Dongo Ortega, Presidente de la Corte Superior de Justicia de Arequipa. Walter Gutiérrez igualmente se dio tiempo para defender la legalidad de la disposición gubernamental en materia de Educación, mencionando que: “En el Decreto Legislativo 998, desde el punto de vista sustancial, no existe inconstitucionalidad porque tanto el derecho a la educación como la autonomía universitaria pueden ser perfectamente regulados”.

El Doctor Gutiérrez también se dio tiempo para criticar el sistema educativo actual que se viene implementando en las escuelas de derecho y a las filiales como fuente de proliferación masiva de abogados, según sus palabras, se vienen “fabricando abogados” en la distintas facultades de Derecho del país, lo cual significa un riesgo para el sistema jurídico y legal. Por ejemplo dijo que en la actualidad existe en el Perú alrededor de 75 mil abogados, siendo en Lima un promedio de 43 mil. Además señaló que las facultades de Derecho en el país –con sus filiales y diversas sucursales– llegan a 78, las cuales albergan alrededor de 100 mil estudiantes de Derecho y Ciencia Política. “Es una cifra espectacular”.

El Decano del Colegio de Abogados de Arequipa, Dr. Hugo Salas Ortiz, parece tener una ideología parecida, en entrevistas realizadas a diarios como la República, expresó su apoyo respecto a una supresión de filiales y también respecto a una estricta evaluación de profesionales.

Noción que encontró respuestas favorables en el Dr. Oscar Urviola Hani, Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Católica de Santa María, quién refería la existencia de una filial universitaria en Arequipa, que acoge un alumnado igual a la suma del total de alumnos que son acogidos conjuntamente tanto por la Facultad de Derecho de la Universidad Marianista, como por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de San Agustín, indudablemente las dos Casas de Estudio Tradicionales en Arequipa. Antiguamente sólo existían dos facultades de derecho en la ciudad blanca, hoy existen siete facultades y sólo tres de ellas son instituciones verdaderamente arequipeñas.

Y éstos no son los únicos fenómenos negativos que ponen en decadencia a la profesión, pues hoy existen los llamados “cursos de actualización”, medida “facilista" por la que muchos estudiantes obtienen su titulación, estos peyorativos cursos, implican por un lado, el lucro de la universidad que los ofrece, teniendo presente que son bastante onerosos y por otro lado el beneficio de estudiantes mediocres, otorgándoles un titulo que no pudieron obtener por la vía regular (Tesis y/o Sustentación de Expedientes, balotario y prueba escrita).


La excesiva proliferación de abogados y el hecho de que las universidades se preocupen más por lucrar, que por formar profesionales de alto nivel científico, humanístico y moral, ha traído como consecuencia la dispersión de malos profesionales, profesionales que dolosa o culposamente recurren a la administración de justicia ejerciendo conductas temerarias, es decir movilizan a los Órganos Jurisdiccionales, interpretando en forma equivocada, en otros casos, cometiendo abuso de derecho y muchas veces dilatando vanamente y sin razones los procesos de los que son partes, con recursos sin ningún fundamento fáctico ni jurídico.

Respecto de las acciones temerarias culposas, es decir de los errores cometidos por el profesional en base a su poca preparación, si bien es cierto que este nombrado debería indemnizar a su cliente ya que lo ha perjudicado con su negligencia, también es cierto que la responsabilidad de la poca preparación no sólo es atribuible al abogado, sino también a la universidad que se comprometió en su educación.

Respecto de las acciones temerarias dolosas, el Tribunal Constitucional en ejercicio de sus funciones, ha definido el concepto de acciones temerarias, además de haber aplicado sanciones económicas a malos profesionales, que atentando contra la ética y contra el sistema jurídico, han pretendido quebrantar la atención de verdaderas demandas de justicia que si merecen la atención de los Órganos Jurisdiccionales, un ejemplo de lo que estamos hablando lo encontramos en el expediente 6712-2005-HC, en el caso de Magaly Medina.

Entre los principales parámetros establecidos por el Máximo Órgano Colegiado intérprete de la Constitución, es importante transcribir los siguientes:

“Los abogados son una pieza fundamental en la prestación del servicio de justicia y, por ello, tanto su formación, mediante las facultades de Derecho, como la regulación y vigilancia sobre su desempeño y permanente capacitación con los colegios de abogados, deben merecer la especial atención de los poderes públicos, pues de ello depende buena parte del éxito de las políticas judiciales en la mejora del servicio de justicia”.

“…no puede permitirse que se utilice dispendiosa y maliciosamente los recursos procesales que tiene a su disposición cualquier justiciable, lo que a su vez acarrea una desatención de otras causas que merecen atención, y que, por analizar casos como el planteado, deben esperar una respuesta más lenta de la que podría haberse realizado si es que no estuviesen permitidas actuaciones como la realizada por los recurrentes…” (Expediente 6712-2005-HC/TC).

“…debe recordarse que el Estado Constitucional requiere la participación del conjunto de la sociedad en la vigilancia de los valores y principios en que se inspira y, de manera especial, requiere de un compromiso de lealtad con estos principios de parte de quienes ejercen la profesión de la abogacía como sujetos dotados de conocimientos y pericias en la técnica jurídica, que es la mejor herramienta de control del poder en el Estado democrático. Si quienes están formados en el conocimiento del derecho utilizan estas capacidades para engañar, confundir, manipular, tergiversar hechos o, en resumen, para obstaculizar la prestación del servicio de justicia por parte del Estado, entonces su actuación constituye un claro desafío para la realización misma de los valores que persigue el Estado Constitucional y debe merecer una oportuna actuación de parte de los poderes públicos y, en especial, de parte de los Tribunales quienes son los mejores observadores de su desenvolvimiento…” (Expediente 08094-2005-AA/TC)

3 comentarios:

  1. Es lamentable.

    Las universidades particulares NO tienen mayores niveles de exigencia para el alumno.

    Estos, por el alumnado, pasan las horas haciendo vida social, mas nada.

    Dentro de clase, solo transcriben lo que el catedratico dicta, pero NO se detienen a discutir, a exponer sus puntos de vista, a contradecir al docente para generar analisis.

    Las señoritas hacen dibujitos en su cuaderno mientras el profesor se esmera en entregar la clase.

    Luego de unos años, la muchacha sera jefe de un staff de abogados por que su padre es dueño de la empresa y talento de television.

    Si asi es la situacion de hoy, entonces de un tiempo a esta parte, es evidente que a ocurrido lo mismo.

    La triste consecuencia es mas 40 mil abogados que estan en la calle taxeando, por que NO existe un filtro para lograr que estos sean realmente buenos en lo suyo.

    La consigna para estas universidades es cobrar la mensualidad, mas nada. Asi NO se hace patria.

    Lamentable!

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  2. Como siempre el buen amigo Javier Luna, dándonos un comentario directo, sin medias tintas y que no falta a la razón.

    Como bien expresas, la situación es lamentable, es lamentable que las casas de estudio superiores como se les llama a las Universidades, se preocupen más por lucrar que por formar.

    Enumeremos algunos de los cánceres que hoy aquejan a esta bella e invalorada profesión.

    En primer lugar, las filiales son negativas, ya que su verdadero fin no es la educación, ni tampoco ofrecer una mayor oferta educativa, su fin intrínseco es llenar los bolsillos de sus autoridades, es pues rentable ofrecer la carrera derecho a diestra y siniestra, llenando más y más las aulas de alumnos, ya que por un lado les resulta "bastante" lucrativa y por el otro, el costo que está representa para la Universidad, es inferior a otras como por ejemplo odontología.

    En segundo lugar deben eliminarse los cursos de actualización, si lo que se quiere es profesionales más capaces, no puede permitirse que estudiantes temerosos de no poder lograr su titulación en la vía regular, lo obtengan en uno de estos facilistas cursos, de cortísima duración y desembolsando para ello una muy suculenta cantidad de dinero, esto señores, no es estudiar para lograr, sino pagar para lograr.

    En tercer lugar, algunas universidades acogen en su currícula a los llamados cursos de verano y de invierno, donde los estudiantes desaprobados y en apenas dos meses o incluso menos, desembolsando fuertes cantidades de dinero, se ponen al día con sus pares, que sí se esforzaron y estudiaron el semestre completo para aprobar, les pregunto ahora ¿Es esto justo para el estudiante que estudia y que se encuentra al día en sus estudios por su propio esfuerzo? creo que la respuesta es obvia.

    Otro cáncer aun peor, es la existencia de carreras profesionales a distancia, ¿creen ustedes que un alumno puede aprender de un texto sin un maestro guía que lo conduzca en su formación?

    ¿Qué clase de profesionales estamos formando? ¿Como vamos a reclamar eficiencia si de una u otra forma se está fomentando la mediocridad?

    Hay mucho por hacer, la suspensión de facultades por un lapso no menor de 05 años era viable pero poco probable, pues muchos intereses se moverían al respecto, para las universidades privadas esto significaría vedar uno de sus mayores ingresos dinerarios, el conflicto que se generaría, nos hace pensar en otro tipo de soluciones.

    Es necesario que existan reformas en la currícula tanto de las universidades particulares, como de las estatales.

    En primer lugar, dado la masiva y negativa proliferación de abogados, reduzcamos el número de estudiantes de cada promoción, "pongamos límites", es mejor 30 graduados adecuadamente preparados en conocimientos y valores, que 200 graduados mal preparados en conocimientos que harán perder los procesos a sus clientes y en valores, que ejercerán dolosamente conductas temerarias.

    En segundo lugar, "seamos más estrictos en la evaluación", ser más estrictos implica eliminar cursos facilistas como los de actualización y los de invierno y verano simultáneamente.

    Tarea esta última que incluye a los Colegios de Abogados para con sus asociados, las evaluaciones periódicas a medida de filtro, se tornan indispensables.

    Es momento de reivindicar y devolver a esta admirable carrera el sitial de pulcra y admirable profesión.

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    Respuestas
    1. Es verdad considero que los cursos de actualización para obtener el título de abogado, se deben eliminar con carácter de Urgente, pues es lamentable ver a muchos "colegas" colegiados que obtaron el título bajo esa modalidad de actualización y la verdad que dan vergüenza agena porque no saben ni redactar una carta de dos lineas.

      Las universidades solo buscan lucrar y estafan a estos profesionales haciéndolos creer que son abogados, por ello mientras permanezca estos cursos de actualización seguirán fabricándose seudo abogados que solo hacen daño a esta digna profesión. Es Urgente que el Colegio de Abogados haga algo al respecto.

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